Economía & Banca, por el Lic. Luis Terrero, 16 febrero 2018, SANTO DOMINGO.- Las principales organizaciones empresariales del país propusieron al Gobierno dominicano asumir un proceso de reforma del Estado que adopte una serie de medidas como una forma de crear un ambiente propicio para el desarrollo del país, entre las que figuran la simplificación de los trámites burocráticos en los servicios que ofrece a la ciudadanía y a las empresas y una mayor transparencia en sus operaciones.
El sector empresarial propone, además, el desarrollo de un ambiente de competitividad para fomentar la inversión, una alianza público-privada, la eliminación de las duplicidades, el uso eficiente de los recursos, un mayor y mejor uso de la tecnología, de las redes sociales y las plataformas digitales.
Las propuestas fueron presentadas durante el panel organizado con el título “Expectativas del Sector empresarial de República Dominicana sobre la Reforma y Modernización de la Administración Pública”, el cual forma parte del seminario Internacional que sobre la Reforma de la Macroestructura del Estado organizó el Ministerio de Administración Pública, en un hotel de esta capital desde el 14 al 16 de febrero.
En el panel participaron César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); María Esther Fernández de Pou, presidente del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio; Saúl Abréu , director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago (APEDI), y Karina Mancebo, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), quienes reconocieron los avances logrados en la Administración Pública, sobre todo en el proceso de formación y profesionalización del personal, en la creación de ventanillas únicas para determinados servicios, en el proyecto de República Digital para facilitar los servicios a distancia, tecnológicos y digitales.
También, en la mejoría y calidad de los servicios públicos a través de la implementación de programas de autoevaluación, monitoreo, reclutamiento y selección de personal, entre otros, tales como el Marco Común de Evaluación (CAF), el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal).
Sin embargo, plantearon que sus instituciones esperan de los procesos de reforma la aprobación de la ley electoral y de los partidos políticos, lo cual calificaron de urgente e imprescindible para mantener la credibilidad de la democracia; así como procurar la unidad de enfoque y criterios en toda la Administración Pública, al tiempo que propusieron que después de aprobar varias leyes orgánicas que demanda la Constitución del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Estado considere una especie de asueto en la aprobación de nuevas leyes para concentrarse en el cumplimiento y aplicación de las existentes
Consideraron que el sector privado aspira a contar con instituciones fuertes que consoliden la democracia, la equidad, la paz social. Espera instituciones públicas ágiles, flexibles, funcionales, sin duplicidades, ni redundancias, eficiencia en el uso de los recursos, equilibrio financiero y sostenibilidad económica, con una visión descentralizadora que promueva el desarrollo equilibrado en todo el país, no sólo en la capital de la República.
Además, esperan transparencia en el uso de los recursos, en la toma de decisiones, con un régimen de consecuencias que premie el buen desempeño y penalice las desviaciones al comportamiento ético y racional, así como una Administración Pública con recursos humanos preparados y motivados, con procesos tecnificados y no sujeta a los vaivenes de los períodos electorales.
Consideran que los nuevos tiempos exigen una Administración Pública que responda a las necesidades en el sentido de ofrecer servicios de calidad, rápidos y económicos para lo cual recomiendan el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la digitalización de los procesos, el uso de las redes sociales y las plataformas digitales con lo cual tendrían contacto con la ciudadanía, reducirían burocracia y harían más ágil la gestión gubernamental.
De ahí que propusieron al gobierno adoptar plataformas que se ofrecen a través de teléfonos móviles, el chat instantáneo, acercar a las personas vulnerables a los centros de servicios on line, lo cual es incluyente, introducir nueva tecnología de análisis de la información para ver y opinar sobre efectividad de transporte, salud y otros servicios, facilitar la compra y venta de tickets y otros para que turistas los adquieran antes de venir al país, adaptar los servicios a los chicos milenios para que puedan ver y aceptar al Estado y sus instituciones como valederas y necesarias como parte de ellos.
Plantearon a la Administración Pública, el desafío de cómo convertir el principio de juridicidad por el que tiene que regirse, en un principio más flexible, que permita que al analizar su trabajo y sus servicios, se pueda tener un registro sanitario más rápido y una respuesta más audaz, de manera que todo esto sea un proceso más transparente, más estandarizado, de forma tal que pueda ofrecer al desarrollo, y al sector privado herramientas adecuadas y con respuestas oportunas y óptimas con toda transparencia y legalidad.
También, consideraron como una necesidad el tener un Estado y un gobierno que promueva el desarrollo y un ambiente de competitividad para fomentar la inversión productiva generadora de empleo bien remunerado, una mayor colaboración y alianza público-privada, agendas compartidas y visiones comunes, además de que entienden que el sector público tiene que funcionar con eficiencia, equidad, responsabilidad, y credibilidad.
