Economía & Banca, por el Lic. Samuel Conde, 6 febrero 2018, Santo Domingo, RD.-En República Dominicana el 9.7% de la población tiene más de 60 años y se proyecta que en 2050 esta proporción ascienda al 21%.
Con estos números el país tiene una proporción de envejecimiento poblacional menor al promedio de Latinoamérica y el Caribe, que actualmente es de 11.2%, con proyecciones de llegar a un 25.5% en 2050.
Los datos están contenidos en el informe Panorama de envejecimiento en América Latina y el Caribe, publicado en enero pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el documento, de cerca de un millón de adultos mayores que tiene República Dominicana, solo el 16.1% tiene más de 80 años. Pero este grupo etario está creciendo y se espera que en 2050 represente el 21.2% de la población adulta mayor o con más de 60 años.
En RD la cantidad de personas con avanzada edad que demanda cuidados pasará de 2.6 por cada 100 habitantes (en 2015) a 6.7 por cada 100 habitantes en 2050.
Esto significa, según el estudio, que también crecerá la demanda potencial de cuidados para las personas mayores.
“Como se puede observar, se proyecta un aumento sustancial en la demanda potencial que se espera de la población mayor a 75 años”, advierte el documento.
En el caso de RD la cantidad de personas que demandan cuidados con avanzada edad pasará de 2.6 (en 2015) a 6.7 por cada 100 habitantes. Es decir que se espera que se multiplique casi por tres en un solo 35 años.
“En Chile, uno de los países de la región donde la transición demográfica está más avanzada, las necesidades de cuidados de largo plazo más que se triplicarán en el periodo considerado, pasando de cuatro adultos demandantes de cuidados por cada 100 personas entre 15 y 74 años en 2015, a 15 en 2050”, agrega el informe.
Destaca que el aumento llega a ser incluso mayor en países que están “en fases relativamente más tempranas de la transición, como Bahamas, Colombia y Costa Rica”.
En RD, el 16% de los mayores de 80 años recibe una pensión. Solo Honduras (7%) y Guatemala (14%) tienen proporciones menores en la región.
¿Cómo cuidaremos a nuestros mayores?
En República Dominicana la situación es particularmente preocupante, puesto que se trata del tercer país que más desampara a sus mayores, si se juzga por la cantidad de personas que reciben una pensión.
De los mayores de 80 años, solo el 16% tiene este beneficio. Solo Honduras (7%) y Guatemala (14%) tienen proporciones inferiores en la región.
Gráfica del estudio Panorama de envejecimiento en América Latina y el Caribe
Además, el 28% de la población dominicana mayor de 60 años vive en la pobreza o la pobreza extrema.
“La baja cobertura de la seguridad social y los altos niveles de pobreza no solo limitan las posibilidades de las familias de contar con ayuda externa para cuidar a sus adultos mayores dependientes, sino que obligan a que muchas personas tengan que continuar trabajando hasta edades avanzadas. Esto es así́ particularmente entre los hombres. En varios países de la región, más del 20% de los hombres mayores de 80 años sigue trabajando”, refiere el informe del BID.
El informe también hace referencia a la cantidad de personas adultas mayores dependientes económicamente, haciendo una estimación de 114,000 para República Dominicana: 43,000 hombres y 70,000 mujeres.
Este indicador tiene una tendencia a aumentar en RD y toda Latinoamérica.
“La reducción del tamaño familiar, la vulnerabilidad económica de los adultos mayores y el costo de proveer estos servicios de forma privada generan presiones para que los Estados se encarguen de la provisión de servicios de cuidado de larga duración”.
“El aumento de la condición de dependencia implica una mayor demanda de servicios de cuidado de largo plazo. En ausencia de programas de cuidado implementados por el Estado en el contexto de sus políticas de inclusión social, estos servicios pueden ser provistos por las familias, o bien adquiridos en el mercado”, dice el informe.
Pero añade que “la capacidad de las familias de proveer los servicios de cuidado autónomamente —por medio del tiempo de sus miembros— es limitada, debido a las transformaciones de la estructura familiar que han tenido lugar en las últimas décadas”.
Cita el documento que comprar estos servicios de forma privada es una opción, pero el costo “podría ascender a magnitudes demasiado altas” si se pretenden niveles aceptables de calidad.
“Como consecuencia de lo anterior, y ante la falta de otras alternativas, muchas familias terminan recurriendo a servicios de cuidados de dudosa calidad. Por ejemplo, en Uruguay, la gran mayoría de los residenciales de largo plazo no están habilitados para operar; más aún, según se documenta en un estudio realizado por Borda y Yarnoz (2015) en ese país, la falta de regulaciones al respecto promueve el maltrato y la violencia hacia los adultos mayores internados en estos hogares”, documenta el BID.
Esta realidad llama a los estados a buscar soluciones. El informe cita planteamientos que promueven las ventajas de su participación en dar respuesta al problema:
“Desde el punto de vista del uso del gasto público, se argumenta que las políticas de cuidados de largo plazo generan ahorros para los sistemas de salud, por lo que el involucramiento del estado en el desarrollo de este tipo de servicios puede verse como un uso productivo de los recursos, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo (como los de ALC), donde los recursos son escasos (Lu, Liu y Piggott 2015)”, señala.
