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SB dispone entidades finalicen vínculos con pares norcoreanas

Economía & Banca, por la Licda. Mabel Torres, 16 enero 2018, Santo Domingo, RD.-Las entidades de intermediación financiera dominicanas deben finalizar los vínculos (en caso de que los tengan) con sus pares de la República Popular Democrátida de Corea (RPDC o Corea del Norte). Esto implica finalizar prácticas como las de empresas conjuntas, participación en la propiedad o las relaciones de corresponsalía bancoria.

Así lo dispuso la Superintendencia de Bancos en la circular 002/2018, publicada en su página web este lunes 15 de enero.

Las entidades financieras que incumplan las disposiciones de la circular serán pasibles de la aplicación de sanciones, advierte la Superintendencia de Bancos.

Aunque en República Dominicana no hay misión oficial de ese país, el órgano regulador ordena también limitar el número de cuentas bancarias de la representación diplomática y sus miembros.

“Las entidades de intermediación financiera deben limitar el número de cuentas bancarios, por territorio, a una por cada misión diplomática y oficina consular de la República Popular Democrática de Corea, en lo adelante RPDC, y a una por cada diplomático y funcionario consular acreditado de la RPDC”, expresa el documento.

“Las entidades de intermediación financiera dominicanas no deben realizar operaciones de venta, o arrendamiento bienes inmuebles, para efecto distinto de actividades diplomáticas o consulares, con personas físicas o jurídicas procedente de RPDC”, agrega.

La medida es tomada en cumplimiento de los disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente de la Resolución 1718, que establece las sanciones contra Corea del Norte y que debe ser acatada por los países miembros del organismo internacional.

Las entidades que incumplan las disposiciones de la circular serán pasibles de la aplicación de sanciones, advierte la Superintendencia de Bancos.

Precisa que esta es una facultad otorgada por de conformidad con el Reglamento de Sanciones, aprobado en lo Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 18 de diciembre de 2003 y su modificación; y la Ley No.155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017.

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